¿Qué es la responsabilidad social empresarial?
Es la forma en que una empresa se hace cargo de los efectos que su operación produce sobre las personas, la comunidad y el ambiente, y los gestiona con el mismo rigor con que gestiona sus resultados financieros. No es una donación, ni un programa de voluntariado, ni un capítulo del informe anual: eso es filantropía corporativa y puede convivir con una operación que paga mal, no mide su consumo de agua o no sabe qué hacen sus proveedores. La diferencia práctica está en tres preguntas que una empresa debería poder responder con datos: qué impactos genera, cuáles son los más significativos y qué está haciendo con ellos. Cuando esas respuestas existen y son verificables, hay responsabilidad social; cuando solo existe la actividad social, hay filantropía.
¿Qué significa RSE y en qué se diferencia de la RSC y de la sostenibilidad?
RSE es responsabilidad social empresarial y RSC responsabilidad social corporativa: en la práctica se usan como sinónimos, y la segunda suele emplearse cuando se habla de grupos empresariales. «Sostenibilidad» es el término más amplio y el que hoy domina el lenguaje de los inversionistas y de los grandes compradores, porque incorpora explícitamente la dimensión ambiental y la de gobierno corporativo —lo que en el mercado financiero se abrevia como criterios ambientales, sociales y de gobernanza—. Para efectos de trabajo la distinción importa poco; lo que importa es si la empresa mide y reporta, o solo comunica.
¿La responsabilidad social empresarial es obligatoria en Colombia?
Con carácter general, no: ninguna ley colombiana obliga a una empresa privada a tener un programa de responsabilidad social. Pero hay tres situaciones en que sí se vuelve exigible y son cada vez más frecuentes. La primera: si la sociedad adoptó la condición de Beneficio e Interés Colectivo —sociedad BIC—, la Ley 1901 de 2018 y el Capítulo 15 del Decreto 1074 de 2015 le imponen obligaciones concretas y verificables por la Superintendencia de Sociedades. La segunda: si es emisor de valores, la Superintendencia Financiera le exige revelar información social y ambiental. La tercera, la más común: si es proveedor de una empresa que sí tiene esas obligaciones, se las va a trasladar por contrato. En los tres casos la exigencia es de información verificable, no de buenas intenciones.
¿Qué es una sociedad BIC y qué obligaciones tiene?
Es cualquier sociedad comercial que adopta voluntariamente la condición de Beneficio e Interés Colectivo conforme a la Ley 1901 de 2018. No es un tipo societario nuevo ni cambia el régimen tributario ordinario: es una condición que se agrega y que obliga a incluir la sigla BIC en la razón social. Sus obligaciones son cuatro y todas dejan rastro: incluir en el objeto social al menos una actividad por cada una de las cinco dimensiones del artículo 2.2.1.15.5 del Decreto 1074 de 2015; que el representante legal prepare anualmente el Reporte de Gestión BIC bajo uno de los estándares reconocidos por Supersociedades; que el máximo órgano social lo apruebe; y publicarlo en la página web o tenerlo disponible en el domicilio social. Además hay que remitir a la Superintendencia el reporte, el extracto del acta de aprobación y el soporte de publicación, a través del Informe 67.
¿Supersociedades exige la norma ISO 26000 para el reporte BIC?
No, y la propia entidad tuvo que salir a desmentirlo. En un comunicado del 21 de marzo de 2024 la Superintendencia de Sociedades informó que «recientemente ha circulado información fraudulenta» según la cual exigiría el reporte de gestión BIC bajo el estándar ISO 26000, y precisó que «en ningún caso esta Superintendencia recomienda o insta a la utilización de una metodología de reporte específica, pues ello es contrario al principio de autorregulación regulada». La Resolución 200-004394 del 18 de octubre de 2018 reconoce cinco estándares independientes —la Evaluación B, los Estándares GRI, la norma ISO 26000, el SDG Compass y la serie AA1000— y la sociedad escoge el que mejor se ajuste a su objeto social. Si alguien le ofrece un servicio afirmando que la Superintendencia le exige un estándar en particular, esa afirmación es falsa.
¿ISO 26000 se certifica?
No. ISO 26000 es una guía de orientación sobre responsabilidad social, no una norma de requisitos, y por eso no existe certificación contra ella: no hay nada auditable en forma de «cumple o no cumple». Quien ofrezca «certificar su empresa en ISO 26000» está vendiendo algo que la norma misma excluye. Lo que sí puede hacerse es usarla como marco de trabajo y, si se quiere un reconocimiento de terceros, acudir a un esquema que sí esté diseñado para eso —la Evaluación B, por ejemplo— o someter el reporte a verificación externa independiente.
¿Qué pasa si el reporte no corresponde con lo que la empresa hace de verdad?
En una sociedad BIC, eso tiene nombre y consecuencia. El artículo 2.2.1.15.7 del Decreto 1074 de 2015 define tres causales de incumplimiento del estándar independiente: que lo reportado «no corresponda con la realidad de sus prácticas empresariales», que no se cumpla la metodología del estándar escogido, o que el reporte no se entregue a la asamblea o no esté a disposición del público. Quien puede pedir que se declare el incumplimiento es cualquier persona con interés legítimo, y la norma enumera a los socios, los administradores, el revisor fiscal, los acreedores, los empleados y los consumidores. Si el incumplimiento no se considera grave, la Superintendencia imparte órdenes correctivas y su desatención da lugar a multas conforme al numeral 3 del artículo 86 de la Ley 222 de 1995. Si es grave y reiterado —más de una vez en seis meses, o una conducta continuada— la sociedad pierde la condición BIC y esa pérdida se inscribe en el registro mercantil.
¿Qué gana una empresa que adopta la condición BIC?
El artículo 2.2.1.15.2 del Decreto 1074 de 2015 fija tres incentivos: portafolio preferencial de servicios en materia de propiedad industrial ante la Superintendencia de Industria y Comercio, acceso preferencial a líneas de crédito que el Gobierno cree para el efecto, y un tratamiento tributario específico para las utilidades y acciones repartidas a los trabajadores en sociedades por acciones, que se tratan como ingreso no constitutivo de renta ni ganancia ocasional. Fuera de la ley, el incentivo real suele ser comercial: homologación como proveedor, acceso a compradores que califican su cadena y una diferencia demostrable frente a competidores que solo comunican. Lo que la condición BIC no da es exención tributaria general: el artículo 2 de la Ley 1901 dice expresamente que estas sociedades siguen obligadas al régimen ordinario de renta y de IVA.
¿Mi empresa no es BIC ni emisor de valores; por qué me piden información de sostenibilidad?
Porque su cliente sí tiene la obligación y la única forma de cumplirla es con datos de su cadena de proveedores. La Superintendencia Financiera, mediante la Circular Externa 031 de 2021, instruyó a los emisores de valores para que revelen información sobre asuntos sociales, ambientales y climáticos con estándares internacionales, y esas empresas necesitan cifras de quienes les venden. Lo mismo ocurre con multinacionales que reportan en su casa matriz y con entidades multilaterales que financian proyectos. El efecto práctico: una empresa mediana que nunca oyó hablar de sostenibilidad recibe un cuestionario de cien preguntas y tiene tres semanas para responderlo. Prepararse antes cuesta mucho menos que improvisar la respuesta.
¿Por dónde empieza una empresa que parte de cero?
Por el diagnóstico y la materialidad, nunca por el informe. Primero se identifica qué impactos genera la operación y quiénes son los grupos de interés que los reciben; después se prioriza —no todo importa igual, y una empresa que dice gestionar veinte temas no gestiona ninguno—; y solo entonces se definen metas, responsables e indicadores. El reporte es el último paso y es una consecuencia: se escribe con datos que ya existen. El orden inverso —contratar el informe primero— produce documentos bonitos que no resisten la primera pregunta de un comprador, y en una sociedad BIC lo expone además a la causal del artículo 2.2.1.15.7.
