El plan de manejo ambiental —PMA— aparece en pliegos de contratación, en requisitos de clientes corporativos y en listas de chequeo de proveedores, casi siempre con la misma redacción: «anexar el plan de manejo ambiental de la empresa». Muchas compañías terminan comprando un documento de cien páginas que no corresponde a su situación, y otras, que sí lo requieren, presentan un texto genérico que no sirve ante la autoridad.

La confusión se resuelve leyendo el instrumento donde está definido, que no es una guía ni una norma técnica: es el Decreto 1076 de 2015, el decreto único reglamentario del sector ambiente.

Qué es un PMA, en los términos de la norma

El artículo 2.2.2.3.1.1 lo define así: «el conjunto detallado de medidas y actividades que, producto de una evaluación ambiental, están orientadas a prevenir, mitigar, corregir o compensar los impactos y efectos ambientales debidamente identificados, que se causen por el desarrollo de un proyecto, obra o actividad. Incluye los planes de seguimiento, monitoreo, contingencia y abandono según la naturaleza del proyecto, obra o actividad».

Tres cosas se desprenden del texto y suelen faltar en los documentos que circulan:

  • Es producto de una evaluación ambiental previa. Sin identificación de impactos no hay PMA: hay un listado de buenas intenciones.
  • Es de un proyecto, obra o actividad —no «de la empresa»—. Se formula sobre un alcance delimitado, con su área de influencia.
  • Incluye cuatro planes internos —seguimiento, monitoreo, contingencia y abandono—. Un documento sin plan de abandono ni de contingencia está incompleto por definición.

El mismo artículo precisa dónde vive: «el plan de manejo ambiental podrá hacer parte del estudio de impacto ambiental o como instrumento de manejo y control para proyectos, obras o actividades que se encuentran amparados por un régimen de transición». Es decir, o va dentro del trámite de licencia ambiental, o es el instrumento de quienes empezaron antes de que la licencia fuera exigible.

La frase que casi nadie cita

El artículo 2.2.2.3.2.1 empieza acotando el universo —«estarán sujetos a licencia ambiental únicamente los proyectos, obras y actividades que se enumeran en los artículos 2.2.2.3.2.2 y 2.2.2.3.2.3»— y cierra con una regla que conviene tener a mano:

«Las autoridades ambientales no podrán establecer o imponer planes de manejo ambiental para proyectos diferentes a los establecidos en el presente decreto o como resultado de la aplicación del régimen de transición».

Esa frase tiene dos lecturas prácticas. La primera: si a una empresa le exigen un PMA sin que su actividad esté en la lista del decreto y sin régimen de transición, la exigencia no tiene sustento normativo y puede discutirse. La segunda, menos cómoda: cuando la actividad sí está en la lista, no hay documento simplificado que reemplace el trámite.

Quién otorga la licencia

El artículo 2.2.2.3.1.2 lista cuatro autoridades competentes: la ANLA; las Corporaciones Autónomas Regionales y las de Desarrollo Sostenible —que pueden delegar en entidades territoriales según su capacidad técnica y operativa—; los municipios, distritos y áreas metropolitanas con población urbana superior a un millón de habitantes, en los términos del artículo 66 de la Ley 99 de 1993; y las autoridades ambientales creadas por la Ley 768 de 2002.

Saber cuál corresponde no es un detalle: radicar ante la autoridad equivocada cuesta meses.

Cuatro reglas del licenciamiento que evitan errores caros

  1. La licencia lleva implícitos los permisos. Según el artículo 2.2.2.3.1.3, incluye «todos los permisos, autorizaciones y/o concesiones para el uso, aprovechamiento y/o afectación de los recursos naturales renovables» por la vida útil del proyecto, siempre que estén identificados en el estudio de impacto ambiental. Lo que no se identificó ahí, no quedó cubierto.
  2. Ningún proyecto requiere más de una licencia ambiental, y debe obtenerse antes de iniciar. El parágrafo del mismo artículo impide a las CAR otorgar permisos parciales cuando el proyecto es de competencia privativa de la ANLA.
  3. Es prerrequisito de otros trámites. El artículo 2.2.2.3.1.5 la vuelve condición previa para ejercer los derechos que surjan de permisos, concesiones, contratos y licencias de autoridades no ambientales.
  4. Cubre hasta el final. El artículo 2.2.2.3.1.6 la otorga por la vida útil del proyecto y cobija construcción, montaje, operación, mantenimiento, desmantelamiento, restauración final, abandono y/o terminación. El cierre no es un trámite aparte: estaba en la licencia desde el primer día.

Hay además un caso particular que se cita mal con frecuencia: en la licencia ambiental global de hidrocarburos (artículo 2.2.2.3.1.4), el PMA de cada obra o actividad «no estará sujeto a evaluación previa por parte de la autoridad ambiental competente», de modo que una vez presentado el interesado puede iniciar, quedando sujeto a control y seguimiento. Es una excepción sectorial, no una regla general.

Lo que la empresa promedio sí tiene que hacer

La mayoría de las empresas colombianas no requiere licencia ambiental, y aun así tiene obligaciones ambientales concretas. El error es llenar ese vacío con un PMA que nadie le exigió, en lugar de cumplir lo que sí aplica:

  • Residuos ordinarios: la separación en la fuente se rige por lo que establezca el PGIRS del municipio —que es un instrumento municipal, no empresarial— y por las obligaciones del usuario del servicio de aseo del Decreto 1077 de 2015.
  • Residuos peligrosos: las obligaciones del generador están en el Título 6 del Decreto 1076, y se detallan en el post sobre RESPEL.
  • Departamento de Gestión Ambiental: aplica a empresas a nivel industrial que requieran licencia, permisos o concesiones, con el matiz de la sentencia que excluyó a micro y pequeñas empresas —lo explicamos en el post sobre el DGA.
  • Permisos específicos: vertimientos, concesión de aguas, emisiones atmosféricas. Cada uno tiene trámite propio y no se sustituye con un documento interno.

Y si lo que se busca es ordenar la gestión ambiental como sistema —no como trámite—, el instrumento es otro: un sistema de gestión ambiental ISO 14001, que es voluntario, certificable y compatible con todo lo anterior. Cuando además hay que medir y reportar, el frente es el de huella de carbono y el reporte de sostenibilidad.

Cómo saber en diez minutos si le aplica

  1. Ubique su actividad en los artículos 2.2.2.3.2.2 (competencia ANLA) y 2.2.2.3.2.3 (competencia de las CAR). Si no está, no hay licencia ni PMA exigible por esa vía.
  2. Revise si opera bajo régimen de transición: proyectos que iniciaron antes de que la licencia fuera exigible y quedaron con PMA como instrumento de manejo y control.
  3. Separe lo que sí aplica: permisos por recurso —vertimientos, aguas, emisiones—, RESPEL y las obligaciones del usuario del servicio de aseo.
  4. Si el requisito viene de un cliente o de un pliego, pida la base normativa. En muchos casos lo que quieren es evidencia de gestión ambiental, y eso se acredita con permisos vigentes, manejo de residuos documentado e indicadores, no con un PMA improcedente.

Tagline no elabora estudios de impacto ambiental ni tramita licencias ante la ANLA: eso corresponde a consultoras ambientales acreditadas para ese alcance. Lo que hacemos es lo previo y lo que queda después —determinar qué le aplica realmente a la empresa, ordenar el cumplimiento de permisos y residuos, montar el sistema de gestión y dejar la evidencia lista para auditorías y clientes—. El frente completo está en sostenibilidad.